-La SRE envió una nota diplomática al Departamento de Justicia de EU exigiendo sustento jurídico para sus acusaciones. Sheinbaum fue contundente: lo publicado hasta ahora es una nota sin respaldo documental sólido-
El gobierno de México no está dispuesto a actuar sobre señalamientos sin respaldo. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática formal al gobierno de Estados Unidos exigiendo pruebas concretas sobre las acusaciones contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La decisión se tomó tras consultas con la Fiscalía General de la República y asesores jurídicos, y la posición del Ejecutivo mexicano fue directa: México exige pruebas a Estados Unidos antes de actuar sobre cualquier señalamiento. «¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué no hay pruebas?», planteó la mandataria desde Palacio Nacional.
Sheinbaum fue específica sobre lo que el Departamento de Justicia ha presentado hasta ahora como sustento de sus acusaciones. «Lo que publicaron es solamente una nota, el dicho de alguien y una página sin sustento, acompañada de una nota escrita a mano que dice: ‘Juanito, 30,000 pesos’. Eso es público», señaló, en referencia a los documentos que acompañaron la acusación difundida el 29 de abril. Para el gobierno mexicano, ese material no constituye evidencia suficiente para que la FGR inicie un proceso penal formal contra los señalados, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado.
La presidenta también respondió a las presiones externas que han acompañado el caso en los últimos días. Circulan versiones que condicionan la relación bilateral al comportamiento de México frente a las acusaciones, incluyendo amenazas implícitas sobre el Tratado de Libre Comercio. Sheinbaum no las dejó pasar: «Ya se afirma: ‘Si la presidenta no entrega a Rocha, no habrá tratado de libre comercio’. ¿Perdón?» La postura del gobierno es la misma que ha repetido desde que el caso estalló: México exige pruebas a Estados Unidos, no acepta presiones externas y cualquier proceso contra ciudadanos mexicanos debe desarrollarse bajo jurisdicción y legislación mexicana. No como imposición de una potencia extranjera.
Los diez acusados por el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York son Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia; Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la FGE; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exdirectores de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia; y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, señalado además por el presunto secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y su familiar en 2023. Todos enfrentan cargos relacionados con presunta protección al Cártel de Sinaloa, filtración de información operativa y recepción de sobornos.
México exige pruebas a Estados Unidos y la respuesta del Departamento de Justicia determinará el siguiente movimiento en un tablero diplomático que no tiene precedente reciente entre ambos países. Si Washington presenta evidencia sólida, la FGR deberá actuar conforme a la ley mexicana. Si no la presenta, la postura de Sheinbaum es clara: las acusaciones son políticas. El siguiente capítulo depende de lo que llegue, o no llegue, a través de los canales diplomáticos.
