Culiacán, Sinaloa.- Ante el creciente uso de cámaras de videovigilancia ilegales y la práctica del halconeo, el Congreso del Estado analiza endurecer las penas para estos delitos y evitar que los responsables puedan obtener libertad bajo fianza, informó María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La diputada señaló que actualmente no existe un tipo penal específico para el uso de cámaras instaladas por particulares con fines ilícitos, pero se busca incluirlo dentro del delito de halconeo, que también abarca a los llamados «punteros». Además, se plantea aumentar la penalidad para los responsables del uso de ponchallantas, debido a los riesgos que generan en las carreteras.

“Estamos trabajando en una penalidad que impida el derecho a fianza. Queremos que tanto el halconeo, los ponchallantas y el uso de cámaras ilegales tengan consecuencias más severas”, indicó Guerra Ochoa.

La discusión de estas medidas surge tras el operativo «Frontera Norte», donde elementos de seguridad desmantelaron 464 cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente en Culiacán, aseguraron dos laboratorios para la producción de crystal y destruyeron un plantío de mariguana.

A pesar de que actualmente no existe un castigo legal por la instalación de cámaras clandestinas, las autoridades han procedido a retirarlas, argumentando que son utilizadas para vigilar operativos y movimientos de fuerzas de seguridad.